Las decisiones de la JEP apuntan a un cambio histórico: reconocer que las agresiones sexuales y de género cometidas durante el conflicto respondieron a patrones criminales y no a hechos aislados.
Agencia DW. La violencia sexual ejercida durante el conflicto de Colombia contra niñas, adolescentes y mujeres por el hecho de ser mujeres, así como la violencia por prejuicio contra personas con expresiones de género diversas empieza a no aceptarse simplemente como un «daño colateral».
La determinación judicial modifica los estándares penales en la jurisdicción colombiana y marca un precedente en el procesamiento de causas por delitos sexuales en conflictos
La violencia sexual ejercida durante el conflicto en Colombia contra niñas, adolescentes y mujeres, así como la violencia por prejuicio contra personas con expresiones de género diversas, comienza a ser considerada como un crimen de guerra y de lesa humanidad. Este cambio de enfoque se produce en un contexto de críticas hacia la Justicia Especial para la Paz (JEP) y el Acuerdo de Paz, que recientemente cumplió diez años.
En menos de un mes, la JEP emitió dos autos que reconocen estas agresiones como crímenes sistemáticos, y no como hechos aislados. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo y consultor de la Organización de las Nacionaes Unidas (ONU), señala que para las víctimas este reconocimiento es algo que esperaron durante décadas.
Las imputaciones recientes en el Macrocaso 11, que involucran a once exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 16 exintegrantes del Ejército y dos exmiembros de la Policía, concluyen que las agresiones sexuales fueron parte de patrones sistemáticos destinados a controlar y castigar a la población. En el auto contra exmiembros de la Fuerza Pública, la JEP destaca que la acción de la fuerza pública propició contextos que favorecieron la violencia sexual como forma de dominación.
En el caso de las FARC, se identifican dos patrones criminales: crímenes por ser mujer, que incluyen violencia sexual y desplazamientos, y crímenes de orientación sexual e identidad de género, que abarcan desplazamientos y asesinatos de personas LGTBIQ+.
La JEP, que se ocupa de crímenes ocurridos hasta diciembre de 2016, resalta la falta de respuesta de la justicia ordinaria ante las acusaciones de violencia sexual. De 2.222 procesos contabilizados, el 91% no llegó a juicio.
A pesar de estos desafíos, la JEP ha escuchado a cerca de 1500 víctimas en el Macrocaso 11, lo que representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia. La violencia sexual es considerada por la ONU como un crimen de lesa humanidad, y el proceso colombiano se destaca por su enfoque inclusivo y restaurativo.










