El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo desembolso de US$ 1.050 millones para la Argentina, aunque acompañó la decisión con una de las observaciones más duras de los últimos años hacia la gestión nacional en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y calidad institucional.
Las críticas quedaron plasmadas en la segunda revisión del Artículo IV, donde el organismo señaló que persisten importantes debilidades en los mecanismos de control sobre los funcionarios públicos, especialmente en los sistemas de declaraciones juradas patrimoniales.
En el apartado dedicado a gobernanza y anticorrupción, el FMI sostuvo que los actuales regímenes de declaración de bienes presentan “verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual”. Además, remarcó que las normas vinculadas a conflictos de intereses continúan siendo insuficientes y con una débil capacidad de control.
El informe también puso el foco sobre el funcionamiento del sistema judicial. Según el organismo, existe preocupación por la percepción de una independencia judicial limitada y por la politización de determinados procesos, especialmente en causas de alto perfil que involucran a funcionarios públicos.
En ese contexto, el Fondo destacó que Argentina obtuvo apenas 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 elaborado por la organización Transparencia Internacional, una calificación que ubicó al país entre los que aún presentan importantes desafíos institucionales.
Las observaciones adquieren especial relevancia porque se produjeron al mismo tiempo que el Gobierno volvió a incumplir la meta de acumulación de reservas establecida en el acuerdo firmado con el organismo.
Otro dato que llamó la atención fue la referencia indirecta al régimen de declaraciones juradas. El informe se conoció mientras el Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 31 de julio el plazo para que los funcionarios presenten sus balances patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción.
Además de las cuestiones institucionales, el FMI expresó preocupación por la situación financiera y el crecimiento de la morosidad en distintos segmentos de crédito.
El organismo señaló que continúa monitoreando el deterioro de los préstamos en mora, particularmente en el sector de consumo, y advirtió sobre la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión.
Según los datos citados en la revisión, la mora de los hogares alcanzó el 11,5% en marzo, registrando un fuerte incremento respecto al mismo período del año anterior.
Asimismo, el Fondo destacó la necesidad de fortalecer la supervisión sobre las entidades financieras no bancarias y el sector fintech, donde detectó niveles elevados de incumplimiento en los préstamos otorgados.
Pese a las advertencias, el organismo ratificó el respaldo financiero al programa económico argentino. Sin embargo, dejó un mensaje claro: la estabilidad macroeconómica deberá estar acompañada por mayores estándares de transparencia, controles más efectivos y un fortalecimiento de las instituciones encargadas de prevenir y sancionar hechos de corrupción.
