El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la sanción como un logro propio. El eje principal de la norma es la baja de la edad punible para el sistema penal argentino.
Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la ley que ya había sido aprobada por Diputados ahora aguarda la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
El peronismo se opuso desde el inicio y, además de advertir que la ley se concentra en lo punitivo y no en la protección de las infancias, remarcó que los fondos presupuestados resultan insuficientes.
Según la norma, el presupuesto para un sistema que reduce la edad de 16 a 14 años destina $23.700 millones a las provincias.
Datos del Servicio Penitenciario Federal indican que el costo del metro cuadrado es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto previsto se podrían construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, cada provincia recibiría 308 metros cuadrados.
Frente a esos números, Jorge Capitanich del PJ señaló: “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.
