En un clima de alta tensión política y social, el Gobierno nacional decidió extender las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero, con el objetivo declarado de aprobar el paquete de reformas económicas, centrado en la polémica «Ley de Bases» que incluye una profunda modificación laboral. La medida se da horas antes de una masiva movilización convocada por la CGT para este miércoles en rechazo a la iniciativa, a la que sectores combativos del sindicalismo acompañarán con paros parciales.
Fuentes de la mesa política confirmaron que el presidente Javier Milei emitirá un decreto para prorrogar las sesiones extraordinarias un día más, hasta el sábado 28 de febrero. El objetivo es tener margen para completar el tratamiento legislativo de su agenda prioritaria antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1° de marzo.
La decisión se tomó en una reunión de la mesa política esta mañana en el Ministerio del Interior, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con la presencia de los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior), la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los asesores Santiago Caputo e Ignacio Devitt, entre otros.
El trámite es urgente debido a un error en la planificación legislativa inicial y a la necesidad de emitir un dictamen antes del 18 de febrero, fecha que se complica por los feriados de Carnaval (16 y 17) y la posible partida de diputados a sus provincias. Según el reglamento de Diputados, un dictamen emitido a menos de 10 días del fin del período carece de efecto práctico.
La movilización y los paros: un rechazo fragmentado
Mientras el oficialismo afina la estrategia parlamentaria, la oposición social se organiza. La CGT convocó a una movilización para este miércoles a las 15 horas en la Plaza de los Dos Congresos, coincidiendo con el inicio del tratamiento del proyecto en el Senado. Sin embargo, la central obrera descartó explícitamente un paro general, una decisión que ha generado críticas internas y que refleja, según analistas, las tensiones dentro de la propia burocracia sindical.
El triunvirato actual de la CGT –integrado por Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (UPCN) y Pablo Moyano (Camioneros)– ha priorizado la protesta callejera sin paralización total. No obstante, varios sindicatos de perfil más combativo irán más allá:
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizarán un paro de 24 horas.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que agrupa a camioneros, aeronavegantes, marítimos y subterráneos, entre otros, realizará ceses parciales de actividades a partir de las 13 horas, con modalidades y duraciones variables por gremio, para facilitar la concurrencia a la movilización.
Sindicatos alineados con la izquierda, como el SUTNA y Ademys, también pararán.
En contraste, no habrá paros en el transporte público masivo. Tanto La Fraternidad (trenes), la Unión Ferroviaria como la UTA (colectivos) garantizarán el funcionamiento normal de sus servicios, lo que facilitará el traslado de los manifestantes.
Los nudos críticos: coparticipación, ganancias y descontento burgués
Aunque la jefa de bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, declaró que la votación está «95% acordada» con bloques aliados (PRO, UCR y provinciales), persisten obstáculos sustanciales que trascienden la grieta política tradicional.
El principal escollo es el capítulo tributario, específicamente la reducción del Impuesto a las Ganancias. Varios gobernadores, incluso de provincias gobernadas por aliados, se oponen frontalmente porque impactaría de lleno en la coparticipación, dejando un hueco de miles de millones de pesos en las arcas provinciales. En las últimas horas, habrían fracasado negociaciones clave con mandatarios como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
Este conflicto de intereses se enmarca en un malestar más amplio dentro de sectores de la burguesía industrial, preocupados por el rumbo recesivo, la desacumulación productiva y la apertura importadora que podría agravarse con tratados como el recién anunciado con Estados Unidos. El reciente cruce público entre el gobierno y el grupo Techint (Rocca) es visto como un síntoma de estas fricciones.
El peronismo: entre el rechazo y la interna
Frente a esta ofensiva, el principal bloque opositor muestra una estrategia dual. Por un lado, los gobernadores peronistas-kirchneristas (como Axel Kicillof de Buenos Aires y Ricardo Quintela de La Rioja) se reunieron esta semana con el triunvirato de la CGT y acordaron la consigna de «evitar que la reforma prospere o avance en los términos en que fue redactada». Paralelamente, discutieron la «posibilidad de un rencuentro amplio del peronismo» para construir un proyecto de cara a 2027.
Críticas internas y desde la izquierda señalan que esta postura combina un rechazo discursivo con una práctica de negociación capítulo por capítulo en el Congreso, priorizando la lucha por cargos y candidaturas futuras antes que una oposición frontal. La fragmentación de la protesta del miércoles (movilización sin paro general) es, para estos sectores, un reflejo de esa ambigüedad.
Un panorama incierto
El gobierno apuesta a cerrar esta pulseada legislativa como un triunfo político clave. Sin embargo, acumula frentes abiertos: la desconfianza de gobernadores aliados por la cuestión fiscal, el escepticismo de sectores industriales, una movilización social que, aunque fragmentada, mostrará un amplio rechazo, y la oposición de un bloque peronista que, pese a sus contradicciones, tiene peso numérico en el Senado.
La extensión de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero confirma la voluntad de la Casa Rosada de forzar la aprobación. Pero el camino al 1° de marzo, día del discurso presidencial inaugural, promete ser una travesía por un terreno minado de «ruidos y dudas», tanto en las calles como en los pasillos del Congreso.
