Diez años después de iniciado, el juicio por la expropiación de YPF entra en una etapa decisiva. La Corte de Apelaciones de Nueva York debe pronunciarse sobre el pedido de la Argentina para mantener la medida cautelar que suspende la orden de la jueza Loretta Preska, quien dispuso que el país pague US$ 16.100 millones —más de US$ 2 millones diarios de intereses— con el 51% de las acciones que el Estado posee en la petrolera. Entre las opciones que baraja el tribunal están conceder la suspensión total, rechazarla para ejecutar de inmediato las acciones, o aceptar la cautelar pero exigir otros activos como bonos en reemplazo.
Si el tribunal niega el pedido argentino, el Gobierno podría negociar un acuerdo con los acreedores o incumplir el fallo, exponiéndose a sanciones como el embargo de reservas del Banco Central, la imposibilidad de acceder a los mercados de capitales o la incautación de activos de YPF. El conflicto se originó porque, según el fallo de Preska, el gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con la obligación estatutaria de lanzar una Oferta Pública de Adquisición al expropiar la compañía en 2012, perjudicando a inversores en Nueva York.
El caso involucra a actores como el Grupo Petersen, que había adquirido un 25% de YPF financiado por Repsol y bancos internacionales, y a Burford Capital, firma especializada en litigar que compró los derechos a impulsar la demanda tras la quiebra de Petersen. Burford obtendría el 70% de lo cobrado, mientras que el resto iría a los acreedores del grupo argentino. La resolución de este martes no cerrará la causa, pero definirá el margen de maniobra de la Argentina frente a un litigio que combina historia empresarial, política energética y un potencial impacto económico de magnitud.
