Los gobernadores endurecieron su postura contra el presidente Javier Milei tras una reunión fallida con funcionarios nacionales, donde buscaron destrabar el envío de fondos sin comprometer las metas fiscales. No solo no lograron acuerdos, sino que se fueron con la convicción de que el Gobierno «se está robando los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)», según expresaron algunos mandatarios.
El encuentro, realizado este lunes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), reunió a representantes de todas las provincias, a excepción de Corrientes, Santiago del Estero y Formosa. Por parte del Ejecutivo nacional participaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman -hombre de confianza del ministro Luis “Toto” Caputo-, y el secretario del Interior, Lisandro Catalán.
Según fuentes provinciales, la reunión fue “tensa” y no arrojó avances. Los gobernadores propusieron eliminar los fondos fiduciarios y coparticipar parte del remanente de los ATN, pero los funcionarios no ofrecieron respuestas concretas. «No pedimos más plata, solo discutir cómo se distribuye lo que ya existe», reclamaron.
El conflicto escaló cuando los mandatarios decidieron, tras una reunión privada posterior, impulsar un proyecto de ley para forzar al Ejecutivo a repartir los fondos. El texto, que ya circula en el Congreso, propone eliminar los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966) y distribuir ese dinero entre Nación y provincias de acuerdo con los coeficientes de coparticipación establecidos por la Ley 23.548.
Entre los firmantes se destacan, además del misionero Hugo Passalacqua y el cordobés Martín Llaryora, estuvieron, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ignacio Torres (Chubut) entre otros. También rubricaron el texto los vicegobernadores de Chaco, La Rioja y Santa Cruz, en representación de sus provincias.
La ofensiva se da luego de que los mandatarios detectaran que Nación no está ejecutando los fondos del ICL que deberían destinarse a obras de infraestructura hídrica, transporte y rutas. En 2024, por ejemplo, solo se giró a Vialidad Nacional un tercio de lo presupuestado.
Además, los gobernadores denunciaron que el remanente del fondo de ATN —recursos que deberían utilizarse para asistir a las provincias en situaciones extraordinarias— está siendo retenido por el Gobierno central. La propuesta es que esos recursos también se distribuyan entre Nación y provincias, respetando los criterios de coparticipación.
En paralelo a la cumbre en el CFI, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desató malestar al declarar que “los gobernadores siempre quieren más plata” y que no habrá ninguna concesión que ponga en riesgo el superávit fiscal. “Podrán venir los 24 gobernadores a plantearlo, pero cualquier ley que quiera alterar eso será vetada”, amenazó.
La respuesta fue inmediata. “Tendrían que reconocer que se los están robando y por eso no quieren tocar nada”, lanzó uno de los gobernadores presentes. La tensión crece en medio de una fuerte caída de la recaudación, que en promedio ronda los cuatro puntos, según datos admitidos por el propio Gobierno, debido a la baja de la actividad y el consumo.
La confrontación se da en la previa del llamado “Consejo de Mayo”, convocado por el Gobierno para el martes próximo en Casa Rosada, donde Milei busca construir una base de apoyo para avanzar con reformas estructurales. Pero el clima con las provincias está lejos de ser el ideal: los mandatarios aseguran que muchos de ellos ya aplicaron fuertes ajustes, pero que Nación no reconoce ese esfuerzo y se queda con recursos que les corresponden.
“Hay una lógica de concentración de poder fiscal que atenta contra el federalismo”, advirtieron desde una de las provincias patagónicas. Y agregaron que el proyecto de ley que impulsan “es una forma de garantizar que los recursos lleguen sin pasar por el filtro discrecional del Ejecutivo nacional”.
La pulseada recién empieza. Y el frente de gobernadores, pese a sus diferencias políticas, muestra un nivel de cohesión inusual frente a un Gobierno que —afirman— “no escucha, no negocia y no cumple la ley”.
