(LPO). Los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 cedieron a las presiones de la Casa Rosada y no harán ir a Cristina Kirchner a Comodoro Py, en un intento por evitar la masiva manifestación que prepara el peronismo para este miércoles.
El presidente del TOF 2, Jorge Gorini, notificará este martes por la tarde vía Zoom a la expresidente sobre las condiciones de su detención, lo que implica que aceptará su pedido de prisión domiciliaria para cumplir la pena de seis años de prisión por la causa Vialidad.
Con la notificación virtual de las condiciones de detención, los jueces y el gobierno buscan evitar que se haga la marcha del peronismo a Comodoro Py, que amaneció este martes blindado por las fuerzas de seguridad. Como contó LPO, en la Rosada temen una manifestación realmente masiva y que nadie sabe cómo puede terminar.
Ante esto, Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, abrieron una negociación urgente con sectores del poder judicial para conseguir que los jueces no hagan ir a Cristina a Comodoro Py. Todo indica que lograron su objetivo.
Lo que no está claro que hayan logrado es que el peronismo desista de realizar algún tipo de manifestación, aunque no sea a Comodoro Py como estaba prevista. La Cámpora, gremios e intendentes ya tienen listo todo el dispositivo de movilización y en principio no piensan en cancelarla.
La decisión de Gorini de comunicarle vía Zoom a Cristina las condiciones de detención implica que le concederá la prisión domiciliaria, muy posiblemente donde está radicada actualmente en su departamento de San José y Humberto Primo. De esta forma, queda descartado el pedido de los fiscales para que le rechacen el beneficio.
Lo que queda por definir son las condiciones de esa prisión domiciliaria. Como reveló LPO, los jueces analizan endurecer esas condiciones y estudian medidas como la prohibición del uso de redes sociales, un control muy estricto de quienes puedan visitarla, que no pueda salir al balcón y mucho menos a dar discursos.
Una cuestión a tener en cuenta es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le pidió al TOF 2 que Cristina no cumpla su condena en el departamento del barrio de Constitución, para evitar los acampes y vigilias que alteraron la zona desde la semana pasada.
«Según los informes técnicos adjuntos, el dispositivo de custodia permanente alteraría de forma sostenida el entorno urbano, afectando a vecinos, instituciones educativas cercanas y al funcionamiento general del macrocentro porteño», dice el escrito presentado por la Procuración General.
En caso de que se acepte el departamento de la calle San José como lugar de detención, la Ciudad le pidió a la Justicia que obligue a Nación a colaborar con el operativo de seguridad y «garantizar el orden público».
Los negociadores
A media mañana trascendió las negociaciones urgentes de Santiago Caputo con los jueces para desarmar la marcha por Cristina. Caputo y Sebastián Amerio buscaban que los jueces le otorguen la domiciliaria el martes a Cristina, para evitar la movilización del miércoles, que asusta al Gobierno.
La posibilidad de una manifestación realmente masiva, que nadie sabe como puede terminar, encendió todas las alertas en la Casa Rosada, que está cada vez más incómoda con la pérdida de control de la calle y la agenda política.
«Esto es un cisne negro, básicamente porque tenemos control cero de la situación», reconocen en la Casa Rosada, donde inicialmente subestimaron el impacto político y social que podía tener el fallo.
Por eso, Santiago Caputo y su colaborador, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, mantienen por estas horas intensos diálogos con sectores del poder judicial, para conseguir que los jueces que tienen a cargo la ejecución de la condena contra Cristina le otorguen directamente este martes el beneficio de la prisión domiciliaria, para que no sea necesario que el miércoles se acerque a Comodoro Py. La idea, obvio, es quitarle un argumento a la movilización. Pero en el kirchnerismo desconfían.
La definición de las condiciones de detención de Cristina está a cargo del presidente del tribunal oral que la condenó, el juez Jorge Gorini. Pero este magistrado se lleva bien con sus colegas, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y la decisión que tome será consensuada.
Giménez Uriburu y Basso, que arrastran rencores con el kirchnerismo a quien acusan de haberlos espiado y amenazado, querían endurecer las condiciones de detención y no descartaban directamente negarle la domiciliaria a Cristina, como reveló LPO.
Por eso, Gorini suspendió una licencia que tenía concedida y se quedó en el país. Gorini intenta moderar a sus colegas y los fiscales, que ante la amenaza de una marcha multitudinaria, empezaron a revisar su posición.
«Hay mucha preocupación en todo el edificio de Comodoro Py, son varios los jueces y fiscales que están pidiendo que se dejen de joder y le den la domiciliaria rápido a Cristina», confió a LPO un juez federal.
Por temor a los desbordes, desde la Casa Rosada quieren evitar una puesta en escena como la foto de Amado Boudou en pijama y con esposas.
