El Instituto de Agricultura Familiar tenía como objetivo brindar apoyo y asistencia técnica a las familias rurales y pequeños productores agrícolas. Su cierre implica la reducción de recursos y servicios para estos sectores vulnerables.
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Los defensores del instituto argumentan que su trabajo era fundamental para el desarrollo sostenible en las zonas rurales y la promoción de prácticas agrícolas sustentables. Sin embargo, el Gobierno ha justificado esta medida como parte de su estrategia de ajuste económico.
Es importante seguir de cerca las consecuencias de esta decisión y evaluar su impacto en las comunidades rurales y en la producción agropecuaria del país
