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El fiscal especializado en ciberdelitos, Juan Pablo Espeche, brindó detalles del megaoperativo internacional “Aliados por la Infancia V”, que tuvo uno de sus objetivos clave en Posadas. En ese marco, este martes fue detenido un informático de 55 años, acusado de almacenar y distribuir Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).
“Nos encontramos con una gran cantidad de información de almacenamiento de datos, algo que ya preveíamos por la investigación previa”, señaló al explicar la magnitud del despliegue.
La Policía de Misiones detuvo este martes a Mario Daniel T., un informático de 55 años, tras allanar su domicilio en el centro de Posadas, en un edificio sobre calle Alvear, entre San Lorenzo y Colón, de la capital provincial, donde secuestraron equipos informáticos, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento digital. El procedimiento se extendió por casi seis horas, permitió el secuestro de una gran cantidad de material de MASI distribuidos en numerosos discos de almacenamiento. Los peritos de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC), analizaron los diferentes elementos. El operativo estuvo coordinado por la Procuración General de Misiones, a cargo de Carlos Giménez, y contó con la articulación de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y el Juzgado de Instrucción 2 de Posadas. El juez de turno, Dr. Juan Manuel Monte, presidió el procedimiento.
El operativo se desarrolló de manera simultánea en 12 provincias argentinas, en el marco de una acción internacional coordinada con otros 15 países. En total, intervinieron 36 objetivos dentro del país. En Posadas, la acción tuvo lugar en el domicilio del acusado con la utilización de drones, personal especializado y el apoyo de distintas fuerzas de seguridad. La investigación se inició a partir de una alerta internacional generada por plataformas que monitorean redes de intercambio de archivos tipo peer-to-peer.
El fiscal Espeche destacó que el factor sorpresa fue clave para preservar la evidencia digital, que suele ser fácilmente eliminada. En este caso, el acusado tendría acceso a las cámaras de seguridad del edificio, lo que le habría permitido monitorear los movimientos de forma permanente. “Estamos ante evidencia digital, muy fácil de eliminar si no se llega a tiempo”, explicó. El rápido accionar permitió acceder a una gran cantidad de información relevante para la causa.
En el lugar, las fuerzas secuestraron computadoras de alto rendimiento, discos rígidos externos, pendrives, tablets y teléfonos celulares. Según informó, «el procedimiento se llevó a cabo respetando todos los protocolos legales, incluso cuando se constató la presencia del hermano del acusado, una persona con discapacidad, quien fue puesto bajo el cuidado de un familiar». El fiscal señaló además que contaban con datos clave, como la dirección IP y el puerto desde donde se descargaban los archivos ilegales, lo que permitió el avance del caso. “Lo próximo es la apertura forense y la notificación al imputado para que designe defensa”, explicó a través de un medio radial de Posadas.
Espeche también resaltó el trabajo conjunto entre distintas fuerzas y organismos: “Se viene trabajando de manera coordinada en Procuración General con las distintas fuerzas. Ayer participaron la Policía, Gendarmería Nacional, el grupo de delitos tecnológicos, la Fiscalía Especializada y la Secretaría de Investigaciones Complejas. Cada uno cumplió una función clave”. La causa continúa en etapa investigativa y no se descarta que surjan nuevos implicados.
El Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) es considerado un delito de gravedad extrema a nivel global. Su posesión, distribución y producción están penadas por leyes internacionales y por el Código Penal de la Argentina, que puede imponer condenas de hasta quince años de prisión, dependiendo de la participación del imputado en la cadena del delito. Las operaciones contra estas redes suelen ser coordinadas por Interpol y Europol, involucrando a múltiples países para desarticular grupos organizados y rescatar a las víctimas.
