La iniciativa reemplaza el esquema de emergencia por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento. También establece mecanismos de control sobre los recursos destinados al sector. Además, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto de adhesión al Tratado de Patentes y el de Inviolabilidad de la propiedad privada.
TN. Tras más de cuatro horas de debate, el Senado convirtió en ley por unanimidad el nuevo proyecto de Discapacidad, con 71 votos a favor y ninguno en contra.
El denominado proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad ya contaba con media sanción de Diputados, en una maratónica sesión en la que la oposición logró incorporar los cambios exigidos por las organizaciones del colectivo. De esta manera, se puso a resguardo los principales derechos que el Ejecutivo pretendía recortar en el Presupuesto 2027.
La iniciativa transforma en permanentes las principales disposiciones de la emergencia, cuyo vencimiento está previsto para fin de año. Mantiene la pensión no contributiva por discapacidad en el equivalente al 70 por ciento de la jubilación mínima y permite que sus titulares tengan un empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo, siempre que sus ingresos laborales no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Además, garantiza la continuidad de la cobertura médica a través de Incluir Salud.
En el caso de los prestadores, se conserva el nomenclador único, el arancel unificado y la actualización de los valores de las prestaciones según la movilidad jubilatoria, vinculada a la inflación. En esa línea, obliga al Ejecutivo a informar un cronograma de cancelación de las deudas dentro de los 30 días posteriores a la sanción y a completar los pagos en un plazo máximo de 90 días desde la entrada en vigencia de la norma.
Por otra parte, las partidas del Ministerio de Salud destinadas al sistema no podrán caer en términos reales respecto del ejercicio anterior y prevé recursos del Tesoro para cubrir eventuales faltantes.
A su vez, se incorporan auditorías periódicas mediante el cruce de información de la ANSES, ARCA, el Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. La posibilidad de suspender las pensiones queda sujeta a un procedimiento que exige notificar a la persona afectada y otorgarle 60 días para presentar su descargo, con una revisión posterior de la autoridad competente.














