El Gobierno nacional llevó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar su reclamo contra la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas y cuestionó la negativa del Reino Unido a negociar la soberanía mientras avanza sobre los recursos del territorio en disputa.
Destape Web. Argentina presentó sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para «impedir la explotación de hidrocarburos» en las Malvinas por parte de empresas petroleras británicas. En otro capítulo de su giro discursivo, la Casa Rosada sostuvo «firmemente que el Reino Unido no puede negarse a negociar la soberanía y, simultáneamente, avanzar sobre la explotación de los recursos del territorio en disputa». El Gobierno biritánico respondió horas después, al negar nuevamente el reclamo histórico argentino y atribuyó la reivindicación de soberanía a una «agenda política. El Reino Unido no alberga duda alguna sobre su soberanía en las Islas Falkland y, por ende, sobre su soberanía y derechos soberanos en las áreas marítimas adyacentes».
La de este martes fue la primera audiencia para escuchar los planteos de ambas partes y se llevó adelante en Hamburgo, Alemania, donde se espera una segunda ronda de exposiciones que se realizará el miércoles. Argentina apuntó directamente contra el proyecto Sea Lion, que contempla una explotación petrolera durante 35 años, con 23 pozos de producción y nuevas etapas de desarrollo proyectadas. «Nuestro rechazó las licencias y decisiones unilaterales británicas y reiteró su disposición al diálogo en agosto de este año, convocatoria que fue desestimada por Londres», remarcaron.
La delegación argentina, que se encuentra trabajando en Hamburgo en el marco de la misión oficial del caso, está compuesta por un equipo jurídico de primer nivel, integrada por María Ibarzábal Murphy, Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Mario Oyarzábal, Consejero Legal de la Cancillería, en calidad de agente ante el Tribunal; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente; y los reconocidos internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, a cargo de la defensa jurídica, acompañados por el asesor jurídico Agustín Giustiniani.
Si bien la delegación quiso resaltar que se trató de «una defensa jurídica sólida y contundente», la oposición asegura que la Casa Rosada cedió a intereses estadounidenses en la redacción de la Ley de Soberanía Nacional.
Qué respondió el gobierno británico
En su presentación, la fiscal general del Reino Unido, Ellie Reeves, rechazó el pedido de medidas cautelares para que cesen los proyectos hidrocarburíferos en las costas de las islas, aunque además aseguró que el caso argentino ante el TIDM es una reclamación sobre la soberanía y, según entiende, la corte no es competente en virtud de la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar (CONVEMAR). «(…) este caso constituye una disputa sobre soberanía territorial terrestre que escapa a la competencia del tribunal», afirmó.
Indicó que la soberanía británica sobre las islas «se remonta a 1765, con una presencia y administración ininterrumpida, efectiva y pacífica desde enero de 1833» y que «la única interrupción a la administración pacífica británica fue la invasión armada perpetrada por Argentina en 1982».
En 2013, «ante la persistente intimidación política y hostilidad de Argentina», se celebró un referéndum en las islas sobre la conservación o no del estatus actual político como Territorio Ultramar del Reino Unido, «en el que el 99,8 % de los votantes se pronunció a favor de continuar siendo británicos», sostuvo.
«Argentina insiste, no obstante, en imponer su agenda política de reivindicación de soberanía», recalcó. «A pesar de ello, hemos procurado mantener un diálogo constructivo» y «el Reino Unido reiteró su disposición a cooperar con Argentina en temas de interés mutuo en el Atlántico sur y de forma más amplia», señaló la fiscal general.
Cómo comenzó el caso
El Gobierno comunicó el 28 de septiembre su decisión de iniciar un procedimiento de arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Este acuerdo internacional, suscripto en 1982, contempla al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) entre los organismos habilitados para intervenir en disputas relacionadas con su cumplimiento.
Más tarde, el 13 de octubre, la Argentina formalizó ante el Tribunal un pedido de medidas provisionales con el objetivo de detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion. La iniciativa está impulsada por la compañía israelí Navitas, que concentra el 65% de la participación, y la firma británica Rockhopper, que cuenta con el 35% restante. El plan contempla iniciar la producción de hidrocarburos en 2028, en la cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros al norte de las islas.
