Pedro Alliana comenzó este sábado las reuniones con ministros tras asumir la Presidencia en reemplazo de Santiago Peña, destituido por el Senado. El exmandatario pasó la noche bajo custodia en el Regimiento Escolta Presidencial y tiene una citación de la Fiscalía para las 11. La devolución de los depósitos de Ueno Bank concentra las primeras demandas al nuevo Gobierno. Alliana designa a Ariel Martínez como ministro del Interior en su primer decreto como presidente
Pedro Alliana inició este sábado 7 de noviembre su primera jornada como presidente de Paraguay con reuniones para definir el gabinete y atender las consecuencias de la crisis de Ueno Bank. Mientras el nuevo mandatario organiza su administración, Santiago Peña permanece detenido y enfrenta una investigación penal: después de su destitución del viernes, las autoridades lo trasladaron desde su vivienda al Regimiento Escolta Presidencial por razones de seguridad.
Alliana llegó al Palacio de López poco después de las 6 y comenzó los encuentros con integrantes del Gobierno anterior. Según ABC Color, su agenda incluye a los responsables de Relaciones Exteriores, Economía, Industria, Desarrollo Social y Vivienda, entre otras áreas.
El presidente de la República, Pedro Alliana, designó al abogado Ariel Martínez como nuevo ministro del Interior, tras la renuncia presentada por el anterior titular de la cartera, Enrique Riera.
“Designé al abogado Ariel Martínez como nuevo ministro del Interior, un profesional con experiencia que ya estuvo al frente de esta cartera de Estado”, señaló Alliana a través de las redes sociales.
El nuevo presidente juró el viernes ante el Congreso para completar el período constitucional 2023-2028. En la misma jornada, ambas cámaras eligieron a Antonio Barrios como vicepresidente, quien renunció previamente a su banca en el Senado. Durante su discurso de asunción, Alliana prometió acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas afectados y anunció que dará prioridad a los sectores con menos recursos.
La sucesión mantiene al Partido Colorado al frente del Ejecutivo, aunque cambia la conducción del Gobierno. Alliana, hasta el viernes vicepresidente de Peña y dirigente cercano a Horacio Cartes, asume con dos exigencias inmediatas: organizar su equipo y ofrecer respuestas a quienes reclaman recuperar sus depósitos. Su llegada tampoco desactivó todas las protestas: MercoPress informó que, después de celebrar la destitución, grupos de manifestantes continuaron frente al Congreso y extendieron sus cuestionamientos al oficialismo.
Peña enfrenta una investigación penal
La Fiscalía citó a Peña para declarar este sábado a las 11 ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. A media mañana, la comparecencia seguía prevista y las fuentes consultadas todavía no informaban su realización. La orden de detención también alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay, quien se entregó el viernes y quedó bajo custodia policial, según EFE.
El Ministerio Público confirmó que dispuso ambas detenciones mediante la Resolución Fiscal número 7, del 6 de noviembre, dentro de la causa 92/2026, por presunta lesión de confianza y otros hechos. La disposición original establecía que Peña permaneciera en su domicilio hasta su presentación ante los fiscales; posteriormente, las autoridades lo trasladaron a la sede militar.
El traslado ocurrió minutos antes de la medianoche, después de incidentes entre manifestantes y policías frente a la vivienda. ABC Color informó que una caravana de camionetas retiró al expresidente y señaló que el motivo oficial fue preservar su seguridad. La investigación penal deberá determinar las responsabilidades individuales: la destitución por mal desempeño constituye una decisión política del Senado y no una condena penal.
El Senado removió a Peña con los votos de los 44 legisladores presentes, según EFE. El registro oficial de la Cámara confirma la unanimidad de los presentes y consigna que los abogados del entonces presidente cuestionaron el procedimiento: sostuvieron que la acusación no identificaba normas concretas que hubiera infringido y que su renuncia previa dejaba al Congreso sin competencia para juzgarlo. La Cámara continuó el proceso y lo separó del cargo.
Los depósitos y los fondos públicos bajo investigación
La crisis comenzó con la decisión del Banco Central de iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. El organismo adoptó la medida el 2 de noviembre y la anunció el día siguiente, después de detectar que el índice de solvencia de la entidad había quedado por debajo de la mitad del mínimo exigido, como consecuencia de ajustes a sus estados financieros.
El BCP informó que la garantía legal cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante y por entidad, equivalentes a 75 salarios mínimos. Ese límite no corresponde a cada cuenta individual ni supone que todos los clientes puedan retirar de inmediato ese monto. Para la primera etapa de devolución, el organismo anunció pagos a quienes tuvieran depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, carecieran de deudas con Ueno y contaran con una cuenta habilitada en otro banco o financiera del país.
En paralelo, la Fiscalía General abrió tres causas para investigar la supervisión y resolución del banco, la colocación de fondos públicos y las actuaciones de autoridades y exautoridades. Las denuncias involucran decisiones del Poder Ejecutivo, el Banco Central, el Instituto de Previsión Social y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. El Ministerio Público precisó que las investigaciones buscan esclarecer los hechos y establecer si existieron conductas penales y quiénes deben responder por ellas.
