Las querellas representantes de los familiares de los tripulantes recurrieron a Casación para reclamar una pena efectiva para el excapitán Claudio Villamide y revertir la absolución del contraalmirante Luis López Mazzeo y los oficiales retirados Héctor Alonso y Hugo Correa.
C5N. A poco más de un mes del noveno aniversario del hecho que se cobró la vida de los 44 tripulantes del ARA San Juan, la justicia avanza con la revisión de la única condena que hubo y las absoluciones restantes. Este pedido tomó relevancia en las últimas semanas después del planteo de las dos querellas que representan a las familias de los tripulantes.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky tiene para revisión la sentencia del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz del pasado 8 de julio.
En la sentencia cuestionada se condenó al excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide a 3 años de prisión -de ejecución condicional- y absolvió a los restantes acusados: Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.
Contra esta sentencia recurrieron en casación el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante contra las absoluciones y también impugnó la defensa de Villamide su condena, recursos que están en trámite ante la Sala IV del Máximo Tribunal Penal Federal del país.
Las actuaciones quedaron radicadas a fin de septiembre. Luego de que las partes mantuvieran sus impugnaciones, el caso será analizado por los magistrados revisores.
Qué pide la querella de las abogadas Carreras y Arias
Las abogadas reclaman que la condena a Villamide —tres años de prisión en suspenso— sea elevada y de cumplimiento efectivo. También solicitan que se revoque la absolución del contraalmirante Luis López Mazzeo.
En cuanto a los oficiales Héctor Alonso y Hugo Correa, la querella no sólo pide sean condenados: sino que solicita que se declaren nulas sus absoluciones por falta de fundamentación y que se dicte una nueva resolución después de analizar correctamente las funciones que tenían dentro de la cadena de mando.
Para las representantes de las familias, el tribunal hizo una interpretación restrictiva de las responsabilidades de los distintos oficiales. “Una función puede ser auxiliar respecto de la autoridad que adopta la decisión final y, al mismo tiempo, generar deberes propios de asesoramiento, advertencia, coordinación, verificación o información”, plantearon.
La otra querella quiere directamente un nuevo juicio
La querella encabezada por Luis Tagliapietra, que representa a otro grupo de familiares, presentó un recurso con un objetivo más amplio: que se anule todo el juicio realizado en Río Gallegos y se ordene un nuevo debate ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.
Tagliapietra cuestionó, entre otros puntos, que durante la investigación no se hubieran producido determinadas pericias que habían sido ordenadas, la actuación de la jueza federal Marta Yáñez, restricciones que —según su planteo— tuvo la querella durante el debate y la propia competencia territorial del tribunal que llevó adelante el juicio.
El pedido es dejar sin efecto la sentencia y realizar un nuevo juicio en Mar del Plata, una posibilidad que Tagliapietra ya había reclamado antes de que comenzara el debate en Río Gallegos y fue rechazada.
