La medida de fuerza comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles. Los profesionales denuncian un fuerte atraso en los valores que perciben por consulta y advierten que la continuidad de las prestaciones para jubilados y pensionados atraviesa una situación crítica.
El conflicto entre los prestadores de salud y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) escaló este lunes con el inicio de un paro nacional de 72 horas impulsado por médicos de cabecera y odontólogos de distintas provincias. La protesta tiene como eje central el reclamo por una actualización urgente de los honorarios profesionales, cuyos valores, según sostienen los prestadores, quedaron muy por detrás de los costos reales de funcionamiento de consultorios y servicios de atención.
La medida se desarrolla bajo las consignas “Honorarios justos = atención de calidad” y “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”. Los profesionales aseguran que el deterioro de los aranceles compromete la sustentabilidad del sistema y amenaza la continuidad de la atención que reciben millones de jubilados y pensionados en todo el país.
El paro afecta principalmente la atención programada de médicos de cabecera y odontólogos, actores centrales dentro del esquema asistencial de PAMI. Los médicos de cabecera cumplen una función estratégica en el sistema porque son quienes realizan el seguimiento clínico de los afiliados, gestionan derivaciones a especialistas, solicitan estudios y emiten órdenes médicas.
Los prestadores sostienen que el atraso arancelario se profundizó durante los últimos meses en un contexto de aumento sostenido de costos operativos, alquileres, servicios, insumos y personal. Según denuncian, la situación ya provocó la salida de profesionales del sistema y dificultades crecientes para conseguir turnos en distintas regiones del país.
La protesta no cuenta hasta el momento con un pronunciamiento formal de los principales gremios médicos nacionales, aunque registra adhesiones de profesionales en diversas provincias. Los organizadores también convocaron para el miércoles a movilizaciones frente a sedes regionales de PAMI con el objetivo de visibilizar el reclamo y exigir una instancia de negociación con las autoridades del organismo.
El conflicto se produce en medio de un escenario financiero complejo para la obra social de los jubilados. En mayo, el Gobierno nacional dispuso una asistencia extraordinaria de 580.000 millones de pesos para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), al reconocer una situación financiera delicada y la necesidad de garantizar la continuidad de las prestaciones sanitarias.
Mientras transcurre la medida de fuerza, miles de afiliados permanecen atentos a la evolución de las negociaciones. Hasta este lunes, PAMI no había informado oficialmente un acuerdo con los prestadores ni anunciado medidas específicas para desactivar el conflicto.
En distintas provincias, los médicos advierten que el problema excede la discusión salarial. Plantean que la falta de actualización de los honorarios impacta directamente en la disponibilidad de profesionales, en los tiempos de espera para conseguir turnos y en la capacidad del sistema para sostener una atención adecuada para una población que demanda controles permanentes, tratamientos crónicos y seguimiento médico continuo.
