En un intento por destrabar la profunda crisis que atraviesa la principal actividad económica de la provincia, el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macias, convocó a una reunión extraordinaria a todos los bloques políticos de la Legislatura. Buscaron analizar el impacto de la desregulación nacional en el sector yerbatero y buscar respuestas políticas ante la emergencia declarada por los productores.
La convocatoria, que logró congregar a representantes de casi todas las fuerzas (¿Y el vicepresidente de la Legislatura, el libertario Adrián Núñez y sus partidarios?: Ausentes.) con presencia parlamentaria tuvo como eje el deterioro del mercado, la caída de precios y la incertidumbre que afecta a miles de pequeños productores y cooperativas. Sin embargo, el dato político que opacó en parte el llamado al diálogo fue la ausencia total de los legisladores de La Libertad Avanza, el espacio que responde al Gobierno nacional, quienes no enviaron ningún representante al encuentro.
Participaron del diálogo Héctor “Cacho” Bárbaro, Cristian Castro y Elvani Göring (Pays); Walter Ríos (Por la Vida y los Valores); Analía Labandoczka (PRO); Santiago Koch (UCR); Juan Ahumada (ex Activar) y Ramón Amarrilla. Desde el bloque oficialista, el Frente Renovador de la Concordia, se remarcó la necesidad de sostener el diálogo institucional y defender a los productores misioneros.
La reunión se desarrolló en un contexto de extrema tensión en el campo. Los productores anunciaron sobre el fin de semana, después de una asamblea masiva en Campo Viera, la detención inmediata de la cosecha y emitieron un ultimátum de 14 días al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Exigen, como condición mínima, la fijación de un precio justo y la restitución de las funciones regulatorias del organismo.
Los yerbateros advirtieron que no venderán sus chacras pese a la presión económica. La medida afecta directamente a unas 12 mil familias y agudiza el conflicto con la administración nacional. Dirigentes del sector calificaron esta movilización como la “tercera temporada de lucha” desde el cambio de gobierno, acusando a las autoridades nacionales de desinterés hacia el pequeño y mediano productor.
Entre los pedidos concretos, se destaca la urgencia de establecer un precio de referencia. Según cálculos del propio INYM, el kilo de hoja verde no debería cotizar por debajo de $436, un valor muy superior al que actualmente reciben los productores. El plazo de gracia comenzó a correr este lunes.
Con el sector en pie de protesta y el tiempo en contra, la crisis yerbatera se consolida como el tema central y más urgente de la agenda política misionera, poniendo a prueba la capacidad de interlocución de la Legislatura provincial ante un Gobierno nacional que, por ahora, se muestra ausente en las mesas de diálogo locales.
