El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) reforzó de manera significativa los mecanismos de control sobre la ocupación real de las viviendas que adjudica en toda Misiones, en respuesta a la crítica demanda habitacional. La iniciativa, definida bajo una política de “tolerancia cero” ante irregularidades, busca el recupero de las viviendas que sus beneficiarios no habitan, para así destinarlas a familias que aguardan una casa.
El presidente del organismo, Juan Carlos Pereira, detalló el procedimiento: “Una vez adjudicada una vivienda, la familia debe habitarla de manera efectiva y cumplir con las obligaciones contractuales, incluido el pago de las cuotas. Tras los plazos formales de entrega, la Gerencia Social realiza inspecciones periódicas para verificar esta ocupación”.
Cuando los controles o denuncias revelan una situación irregular –como la falta de ocupación–, se inicia un proceso administrativo garantista. “No son decisiones automáticas”, aclaró Pereira. Este proceso incluye informes sociales, intervención jurídica y el estricto respeto de los plazos legales, asegurando el derecho a la defensa de cada persona involucrada. Solo tras agotar estas instancias, se puede proceder a la rescisión del contrato y la recuperación del inmueble.
El funcionario también hizo una salvedad para situaciones excepcionales, como enfermedades graves que obliguen a un traslado temporal. En esos casos, las familias pueden solicitar una “guarda temporaria” de la vivienda, la cual es evaluada caso por caso por el Instituto.
Pereira enfatizó que los casos de irregularidades representan un porcentaje mínimo dentro del amplio parque habitacional provincial, que supera las 50 mil viviendas adjudicadas, siendo más frecuentes en unidades con 15 o 20 años de antigüedad.
“La clave es que la vivienda recuperada no se pierde. Vuelve al sistema para garantizar equidad y transparencia”, afirmó. El destino de estas casas es un nuevo sorteo entre familias inscriptas, previa evaluación socio-notarial. En estos procesos se establece un orden de prioridad para situaciones de alta vulnerabilidad, urgencia extrema o discapacidad, quienes participan en sorteos con cupos específicos.
“Las viviendas sociales no son comercializables ni se entregan por canales informales. Nuestro compromiso es que cada casa cumpla su función: albergar a una familia que la necesita”, concluyó Pereira, recordando que el Iprodha mantiene canales oficiales abiertos para recibir denuncias de la comunidad sobre posibles irregularidades.
