El proyecto de Declaración que busca el beneplácito y acompañamiento institucional de la Cámara de Representantes de Misiones a la inminente sentencia por el derecho a la verdad por el homicidio de Carlos Enrique Tereszecuk, calificado como Crimen de Lesa Humanidad, ingresó al parlamento misionero.
El proyecto, fundamentado en el reconocimiento de la lucha por la memoria y la justicia, pide la Declaración de beneplácito por el dictado de la sentencia, que se dará a conocer este martes 11 de noviembre a las 11 horas en el aula magna del Edificio Central de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (UnaM), en Posadas, sobre el juicio que tiene lugar en la ciudad chaqueña de Resistencia.
También propone remitir copia de la Declaración al Ministerio de Derechos Humanos y a la Comisión Provincial de la Tortura, a fin de notificar formalmente la postura del cuerpo legislativo.
En los fundamentos de la Declaración, el texto destaca que buscan brindar reconocimiento y acompañamiento institucional frente a la sentencia que busca esclarecer el Derecho a la Verdad en el caso del secuestro, tortura y homicidio de Carlos Enrique Tereszecuk, ocurrido en noviembre de 1976. Este crimen se enmarca en el período del terrorismo de Estado que asoló al país durante la última dictadura cívico-militar-religiosa.
La sentencia, que será anunciada por la jueza federal Zunilda Niremperger en una audiencia virtual, tiene como finalidad reconstruir los hechos relacionados con la desaparición y asesinato de Tereszecuk. Este proceso judicial se lleva a cabo en respuesta al pedido de sus familiares y de la Fiscalía Federal, ante la imposibilidad de avanzar penalmente debido al fallecimiento de los principales responsables.
El documento lleva la firma de la diputada Carmen Méndez Asón.
Carlos Enrique Tereszecuk nació en Posadas, Misiones, en 1952. Desde muy joven demostró un profundo compromiso con las causas sociales, desarrollando una activa militancia estudiantil y política. En 1974 fue electo vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), y al año siguiente se incorporó a la campaña del Partido Auténtico, donde ejerció como secretario legislativo de los diputados provinciales Juan Figueredo y Pablo Fernández Long.
Desde este rol institucional, impulsó numerosos proyectos en defensa de los derechos de diversos sectores vulnerables, trabajando directamente con gremios, colonos, tareferos, trabajadoras de casas particulares y comisiones barriales. Su compromiso con las luchas populares lo llevó a sufrir un intento de secuestro dentro de la misma Cámara de Diputados en 1975, hecho del que logró escapar pero que lo obligó a pasar a la clandestinidad hasta su captura definitiva en 1976.
Esta trayectoria de entrega a las causas sociales y su incansable trabajo en defensa de los derechos humanos caracterizaron su vida hasta su desaparición forzada y asesinato en el marco del terrorismo de Estado.
Con esta declaración, la Cámara de Representantes reafirma su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia como pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos.
Este martes 11 de noviembre, a las 11 horas, la jueza federal Zunilda Niremperger dará a conocer en audiencia virtual la sentencia por el derecho a la verdad en el caso del secuestro, tortura y homicidio de Tereszecuk, ocurrido en noviembre de 1976. El fallo representa un avance fundamental en la reconstrucción histórica de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
La lectura del fallo será transmitida simultáneamente en la Casa por la Memoria de Resistencia y proyectada en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones, donde familiares de la víctima -residentes en Posadas, Leandro N. Alem, Corrientes y CABA- seguirán el histórico anuncio.
La reconstrucción de los hechos
De acuerdo con la investigación fiscal, Tereszecuk fue secuestrado a principios de noviembre de 1976 y trasladado a la Jefatura de Policía de Resistencia, que funcionaba como Centro Clandestino de Detención coordinado por la Policía del Chaco y el Ejército Argentino. Testigos declararon haberlo visto en gravísimo estado físico, imposibilitado de caminar por las torturas sufridas, requiriendo asistencia de otro detenido por orden de los guardiacárceles.
La investigación determinó que fue asesinado la segunda semana de noviembre y que su cuerpo fue arrojado al río Paraná, apareciendo el 15 de ese mes en las costas de Empedrado, Corrientes, donde fue enterrado como NN. Recién en 2018, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar sus restos, más de cuatro décadas después.
La Fiscalía Federal solicitó que en la sentencia se reconozca el arrojamiento de cuerpos al río Paraná como práctica sistemática del terrorismo de Estado. Las investigaciones documentaron que las víctimas eran halladas desnudas, atadas con alambres, con disparos de ejecución, cortes abdominales y las yemas de los dedos mutiladas para impedir su identificación.
Este patrón fue acreditado mediante autopsias y el testimonio del médico forense de Empedrado, Otto Eliseo Manzolillo, durante el juicio por el Centro Clandestino del Regimiento 9. Gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía Federal de Corrientes y el EAAF, se identificaron tres personas arrojadas al río y sepultadas como NN en Empedrado: Rómulo Artieda, Julio «Bocha» Pereyra y Carlos Tereszecuk.
El proceso se desarrolla ante el fallecimiento de los principales responsables -los comisarios Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero- y la imposibilidad de avanzar penalmente contra otros responsables no identificados. Por ello, los familiares de Tereszecuk solicitaron una sentencia que reconstruya los hechos, garantice el derecho a la verdad y contribuya a la memoria colectiva.
La sentencia del próximo martes representa así un capítulo fundamental en la búsqueda de justicia y verdad para las víctimas del terrorismo de Estado en el NEA, estableciendo formalmente los hechos que durante décadas permanecieron en la impunidad y el silencio.
