La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó una condena que obliga a pagar una indemnización al comprador de un Chevrolet Onix modelo 2017 con el kilometraje adulterado y una sucesión de desperfectos mecánicos. El fallo contiene un resarcimiento económico y una sanción por daño punitivo, que recae sobre dos concesionarias implicadas en la cadena de comercialización.
Según la documentación judicial analizada por Infobae, el 9 de octubre de 2020 el comprador retiró el Chevrolet Onix 2017 de una concesionaria ubicada en la zona norte del conurbano bonaerense, tras entregar un vehículo usado, abonar una suma en efectivo y financiar el resto con un préstamo prendario. Los vendedores aseguraron un bajo kilometraje, condiciones óptimas y radicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas condiciones resultaron desmentidas por los hechos y la investigación pericial.
Cinco días después de la adquisición, el 14 de octubre de 2020, el vehículo presentó la primera falla en el sistema de arranque, lo que obligó al reemplazo de la llave y el tambor, y al cambio del líquido de freno. A principios de noviembre se detectó el taponamiento del catalizador, forzando a cambiar parte del caño de escape. El 24 de noviembre se reportaron problemas en el embrague y deterioro en el aceite y filtro de motor.
La cadena de averías continuó en los meses siguientes. Desde febrero de 2021, el Onix incrementó el consumo de aceite y presentó nuevas fallas en el motor. Las reparaciones incluyeron reemplazo de bujías, correas, bombas, cilindro de embrague, la placa de disco, la caja de cambios y la rectificación del volante. El usuario informó todas las anomalías a la concesionaria sin obtener soluciones efectivas.
En el caso se analizó la manipulación del odómetro: el kilometraje informado en la publicación fue de 38.000 kilómetros, cuando la cifra real al momento de la primera operación de compraventa era de 45.000 kilómetros, lo que representa una reducción de aproximadamente el 15%. El dictamen técnico incluido en la causa concluyó que la acumulación de fallas no resulta coherente con un auto cuyo kilometraje real no hubiese sido manipulado.
En su respuesta ante la Justicia, la empresa que había vendido originalmente el vehículo al mayorista declaró haber consignado en la documentación y registros oficiales que el automóvil poseía 45.000 kilómetros, sin intervención posterior en los sucesivos tramos de la comercialización. La declaración apuntó a desvincularse de toda responsabilidad en la adulteración ocurrida luego de su venta inicial.
El fallo explicitó que la responsabilidad fue atribuida de manera objetiva y solidaria a las empresas que participaron en la operatoria final hacia el consumidor. La Cámara Comercial fundamentó que todas las firmas de la cadena poseen el deber de suministrar información veraz y completa sobre las condiciones y antecedentes de los vehículos usados, conforme lo estipula la Ley de Defensa del Consumidor. La inexistencia de transferencia registral intermedia —una práctica frecuente entre operadores mayoristas— no exime de la obligación de responder ante el comprador por vicios ocultos o irregularidades.
Fuente: infobae
