Un intento de desalojo sin orden judicial conmocionó a la comunidad del barrio Evita en Concepción de la Sierra. El merendero «Rinconcito de Estrellitas», un espacio comunitario que durante cinco años brindó alimento y contención a más de 30 niños y sus familias, fue objeto de un operativo ordenado por el intendente Hugo Humeniuk, generando denuncias de persecución política y abuso de poder.
El miércoles 24 de septiembre, personal municipal llegó al merendero con la intención de desalojar el espacio, sin presentar una orden judicial ni una notificación previa. La medida, que según los vecinos causó daños materiales, pudo ser frenada momentáneamente gracias a la rápida movilización de la comunidad. Sin embargo, los representantes del merendero denuncian que continúan bajo la amenaza de que el Municipio concrete el desalojo y desarme completo del lugar.
Juan Carlos Berdún, referente del «Rinconcito de Estrellitas», explicó que el espacio funciona en un terreno que les cedió la gestión municipal anterior. «En este lugar asistimos a 30 chicos, hacemos ollas populares, clases de apoyo, implementamos deportes y organizamos fiestas inclusivas. Tratamos de ser lo más inclusivos posible», detalló.
El merendero se convirtió en un pilar del barrio, ofreciendo comida y también actividades recreativas y educativas que contienen a niños y adultos en situación de vulnerabilidad.
Acusaciones de persecución política
Juan Carlos no duda en señalar una motivación política detrás del intento de desalojo. Relató que el conflicto con el intendente Humeniuk, identificado con el espacio libertario de Javier Milei, no es nuevo. «Ya tuvimos un problema. Trabajábamos en el polideportivo municipal y, como no compartimos su ideología política, nos desalojaron de un día para el otro, a pesar de tener un contrato», afirmó.
El referente comunitario sostuvo que al intendente «le molesta» el trabajo que realizan en los barrios. «En tiempos de elecciones, más aún. Él nos dijo que lo que hacemos está mal, que ‘mal acostumbramos a la gente con el plato de comida’. Como productor yerbatero, él dice que le da trabajo a la gente y no comida», denunció Juan Carlos, cuestionando además los privilegios del funcionario: «Heredó todo lo que tiene, y le resulta fácil hablar mal de otros» desde ese lugar.
La excusa, abrir una calle abandonada: la justificación municipal para el desalojo sería la apertura de una calle que, según los vecinos, está abandonada desde hace años. Para Juan Carlos, esta decisión repentina es una excusa y forma parte de un ensañamiento. «Ahora se le ocurrió abrir la calle justo donde estamos nosotros. Siempre está donde estamos nosotros», aseguró.
Frente a esta situación, la comunidad se mantiene firme. «No permitiremos que se desaloje a nuestra comunidad. Este espacio es fundamental y no vamos a permitir que se cierre sin luchar», declaró Juan Carlos. Al mismo tiempo, dejaron abierta la puerta al diálogo: «Exigimos al Municipio que respete los derechos de la comunidad. Estamos dispuestos a dialogar y encontrar soluciones, pero no permitiremos que se vulneren nuestros derechos».
El conflicto pone en evidencia la tensión entre un Estado municipal que, según los denunciantes, prioriza una ideología de «asistencialismo cero» y las organizaciones sociales que intentan paliar la crisis en los sectores más postergados. La situación permanece en un tenso equilibrio, a la espera de una respuesta oficial o de una nueva escalada de las acciones municipales.
