El abogado Ramón Grinhauz, defensor del diputado provincial electo Ramón Amarilla, solicitó la liberación inmediata de su cliente, quien lleva casi nueve meses detenido de manera preventiva, acusado de participar en presuntos actos sediciosos. El pedido fue presentado ante el juez Fernando Verón, quien debe resolver en los próximos días si mantiene la detención o autoriza su excarcelación.
Grinhauz aseguró que no existen pruebas concretas que vinculen a Amarilla con los hechos que se investigan y calificó la prisión preventiva como “arbitraria e ilegal”. “La detención indefinida se torna arbitraria. No hay elementos que indiquen que Amarilla instigó o cometió delito alguno”, afirmó en declaraciones a la prensa.
El abogado también cuestionó el uso de supuestos mensajes en grupos de WhatsApp como base de la imputación: “En la causa no hay ni una frase que lo vincule con algún acto sedicioso. Ni siquiera participaba en el grupo mencionado”, sostuvo.
La legitimidad del voto popular
Grinhauz subrayó que Amarilla fue elegido por más de 100.000 votantes, lo cual —según señaló— constituye un respaldo popular que no puede ser ignorado por la Justicia. “La soberanía del pueblo eligió a Ramón Amarilla como su representante. Eso debe ser tenido en cuenta por el juez”, remarcó.
Además, explicó que, tras haber sido proclamado diputado provincial, Amarilla debería estar protegido por los fueros parlamentarios, lo que implica que no puede permanecer detenido sin una decisión de la Cámara correspondiente.
“La gente cree en él”
El abogado relató que visitó a Amarilla en la Unidad Penal de Cerro Azul, donde lo encontró “íntegro” y esperanzado en obtener la libertad para poder pasar el Día del Padre con su familia. Grinhauz también destacó el apoyo popular que recibió su defendido pese a estar privado de libertad durante la campaña electoral. “Ese respaldo no es por prebendas, sino por credibilidad. Amarilla es incorruptible y la gente lo sabe”, expresó.
El caso sigue generando debate político y judicial en Misiones, mientras se aguarda una resolución clave que podría alterar el escenario legislativo de la provincia.
