El dirigente político Carlos Valenzuela reflexionó sobre la problemática de la yerba mate en Misiones y destacó que las protestas de los productores yerbateros -válidas- están mal encaminadas al dirigirse contra la Agencia Tributaria Misiones (ATM) cuando, en realidad, deberían orientarse hacia el Gobierno nacional, responsable de la desregulación del mercado que hoy afecta a los pequeños productores.
La yerba mate, este producto emblemático de Misiones, funcionó históricamente bajo un sistema regulatorio, recordó Valenzuela. Como antecedente más cercano, durante la década de los 90, los grandes molineros e industriales -principalmente de Corrientes y los grandes de Misiones- impulsaron la desregulación del mercado. Con las luchas para revertir esa situación lograron después, desde el año 2000, la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) como una herramienta para abordar la problemática, que encauzó los reclamos sin solucionar los problemas de fondo.
El Inym ayudó bastante pese a que los grandes intereses empresariales manipularon el sistema e impusieron la cláusula de unanimidad para la fijación de precios, lo que siempre derivó en laudos desfavorables para los pequeños productores. «Nunca se iban a poner todos de acuerdo», reflexionó Valenuela, al que se agrega un agravante para la situación: el Gobierno nacional, sin importar sus signos políticos, buscó siempre mantener bajos los precios de la yerba para evitar impactos en la inflación, afectando directamente a unas 20 mil familias yerbateras.
Las protestas y el error de dirigirlas contra ATM
Si bien las protestas por esta situación que afecta a los pequeños productores era previsible, Valenzuela entiende que las protestas actuales de los productores están mal dirigidas, ya que se concentran contra ATM (ex Rentas): la ATM es la única institución que sostiene las políticas públicas en Misiones. «Protestar contra ATM es protestar contra el único sistema que garantiza la salud, la educación y los salarios de los docentes», afirmó. En su lugar, sugirió que las manifestaciones deberían dirigirse hacia la residencia presidencial de Olivos, donde reside el presidente Javier Milei, responsable junto a su ministro de Economía, Luis Caputo, por la desregulación del mercado y el impacto negativo en esta industria.
Aún así, Valenzuela entiende que este problema requiere una solución estructural y propone en ese sentido la implementación de un sistema de porcentajes fijado por ley, que distribuya de manera equitativa los ingresos generados por la venta de la yerba mate. Este sistema debería incluir a todos los actores de la cadena productiva, desde el tarefero hasta el industrial, basándose en los precios de las góndolas. Así valga dos mil o diez mil pesos promedio -de entre los diez o veinte precios más importantes en las góndolas- el kilo de yerba mate, la distribución sea por porcentajes: tanto por ciento para el tarefero, tanto por ciento para el productor y tanto por ciento para el industrial.
Y la solución debe ser política, enfatizó. en ese sentido destacó la importancia del voto como herramienta para corregir el rumbo y enfatizó que la solución debe venir de la política. «El productor no tiene toda la culpa, pero debe entender que la herramienta que tiene en sus manos es el voto», insistió.
«¿Cuál es la herramienta para resolver esto en el marco democrático e institucional? Misiones tiene 10 legisladores, donde no importan sus nombres: hace diez años y hace un día, son 10, y dentro de diez años seguirán siendo los mismos diez. Esa es la fortaleza de Misiones para tratar este tema ante la Nación: los tres senadores y los siete diputados nacionales. Hay que generar una estructura vertical e incorporar a la estructura yerbatera a los grandes ganadores de esto, que son los supermercados, que son los que tienen los números. Vemos los precios disparatados en las góndolas y lo que recibe el pequeño productor por la hoja verde: cuando estaban ganando 500 pesos, el número para el productor se disparó para abajo -hoy reciben 200 pesos- mientras que para las góndolas, se disparó hacia arriba -se fue a 5 mil pesos-. Acá falta un sistema estructural, fijado por ley: no tiene que haber más ninguna mesa yerbatera ni ningún laudo, sino un porcentaje fijado por ley: un porcentaje del valor en la góndola se distribuye en todos los que participan: por sistema de porcentaje, en proporción (un promedio) a los diez principales precios de las góndolas, se fija tanto para el productor, tanto para el tarefero, por la hoja verde, tanto para el molinero, el industrial. Esa estructura sería una solución definitiva, y eso se resuelve en términos políticos, insistió.
