Para combatir los abusos sexuales a menores, la Unión Europea debate desde hace años la posibilidad de introducir el llamado «control de chats». Esta medida obligaría a servicios de mensajería como WhatsApp, Signal o Threema a escanear automáticamente las comunicaciones privadas en busca de contenido delictivo, algo que muchos expertos consideran incompatible con la protección de datos.
Surge así un dilema complejo: cómo equilibrar la seguridad de los menores con la protección del derecho fundamental a la privacidad. El Consejo Europeo ha presentado ahora un proyecto revisado en el que la UE renuncia a imponer controles obligatorios.
Sin embargo, los proveedores podrían aplicarlos de forma voluntaria, lo que para el abogado Patrick Breyer supone un «consuelo peligroso» que sigue poniendo en riesgo la intimidad de los ciudadanos. Breyer reclama un rechazo claro del Gobierno de Merz en el Consejo de la UE y sostiene que Alemania debe oponerse a cualquier forma de vigilancia masiva, sea obligatoria o voluntaria. A su juicio, el Gobierno federal debe proteger activamente la comunicación cifrada y anónima.
La propuesta lleva más de tres años sobre la mesa. Su objetivo es frenar la difusión de material de abuso sexual infantil, pero expertos en protección de datos y activistas de derechos civiles han advertido de que implicaría vulnerar derechos fundamentales recogidos tanto en la Constitución alemana como en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Con la nueva versión, ya no habrá vigilancia obligatoria. En su lugar, servicios como WhatsApp, Signal y Threema podrán instalar de manera voluntaria software destinado a escanear automáticamente los chats.
La comunidad experta ha recibido positivamente el abandono del control obligatorio, aunque advierte de que persisten riesgos sustanciales. Carmela Troncoso, directora del Instituto Max Planck para la Seguridad y la Privacidad, explicó a ‘Euronews’ que la propuesta revisada todavía presenta numerosos problemas.
Según señaló, cualquier forma de vigilancia limitaría libertades fundamentales sin aportar beneficios significativos, ya que las tecnologías de detección actuales son imprecisas, pueden eludirse fácilmente y no mejorarían de manera real la protección de los menores.
Patrick Breyer es aún más contundente y considera que el enfoque voluntario es un «embalaje engañoso». Aunque celebra que la sociedad civil haya logrado frenar la vigilancia obligatoria, denuncia que el modelo voluntario sigue suponiendo «una amenaza masiva para nuestros derechos fundamentales».
Advierte de que empresas tecnológicas, en su mayoría estadounidenses, decidirían cómo examinar mensajes, fotos y vídeos privados mediante algoritmos propensos a errores, lo que podría generar falsos positivos y construir una infraestructura de vigilancia permanente. Incluso la directora de Signal, Meredith Whittaker, advirtió que la implantación de controles obligatorios habría podido provocar la retirada de la aplicación de la UE.
Breyer sostiene que el borrador sacrifica la privacidad de millones de ciudadanos sin mejorar la seguridad infantil. Troncoso coincide en que los escáneres voluntarios no serían significativamente más eficaces y, además, debilitarían la seguridad de los sistemas al introducir nuevas vulnerabilidades. Por este motivo, Troncoso y otros científicos han remitido una carta abierta al Consejo de la UE en la que alertan de los riesgos sociales del proyecto y de la falta de beneficios claros para los menores.
El nuevo plan europeo establece que el escaneo voluntario se permitirá de forma transitoria. En abril de 2026 se prevé la entrada en vigor de un sistema más amplio basado en análisis de riesgos, medidas de protección voluntarias por parte de los proveedores y la creación de una nueva agencia de la UE encargada de gestionar informes, coordinar bases de datos y colaborar directamente con Europol y con las autoridades policiales de los Estados miembros.
Las plataformas deberán evaluar el riesgo de que sus servicios se utilicen para difundir material de abuso o contactar con menores. Aquellas que presenten un riesgo elevado podrían verse obligadas a colaborar en el desarrollo de herramientas para minimizarlo. También podrían convertirse en estándar nuevas funciones, como mecanismos de denuncia para usuarios y configuraciones de privacidad reforzadas para menores, mientras que las autoridades nacionales podrán ordenar la retirada o el bloqueo de contenidos.
El debate sobre el control del chat lleva años abierto. La propuesta original contaba con el apoyo de países como Dinamarca, Francia, España e Italia, pero las preocupaciones sobre privacidad, cifrado y derechos fundamentales hicieron que creciera la resistencia política y social. Esto obligó a Bruselas a buscar un compromiso que no implicara vigilancia masiva sin motivo.
Con el proyecto revisado aprobado este miércoles, comienza ahora la fase de negociaciones a tres bandas entre el Consejo de la UE, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. El reglamento solo podrá entrar en vigor si las tres instituciones alcanzan un acuerdo final.
