Human Rights Watch denunció que la expulsión por parte de Israel de decenas de miles de palestinos de tres campos de refugiados de Cisjordania a principios de 2025 constituye crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La Organización no gubernamental también reclamó medidas internacionales urgentes para que los funcionarios israelíes rindan cuentas y evitar nuevos abusos. Además, destacaron que forman parte de los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución.
La ONG de derechos humanos afirmó que unos 32.000 residentes de los campamentos de Jenin, Tulkarm y Nur Shams fueron desplazados por la fuerza por las fuerzas israelíes durante la «Operación Muro de Hierro» en enero y febrero. Según el informe de 105 páginas de la organización, titulado «Todos mis sueños se han desvanecido», a los desplazados se les impidió regresar y cientos de viviendas fueron demolidas.
«Diez meses después de su desplazamiento, ninguno de los residentes de la zona ha podido regresar a sus hogares», sostuvo Melina Ansari, investigadora de Human Rights Watch que trabajó en el informe, en diálogo con Reuters. El ejército israelí declaró el último miércoles a Reuters que necesitaba demoler la infraestructura civil para evitar que los militantes la utilizaran y no especificó cuándo podrían regresar los residentes.
Los Convenios de Ginebra prohíben el desplazamiento de civiles de territorios ocupados, salvo temporalmente por razones militares imperativas o por su seguridad. Por este motivo, HRW remarcó que los altos funcionarios responsables deberían ser procesados por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
