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Mientras crece la incertidumbre sobre la coparticipación, los gobernadores no lograron reunirse. La profunda división y las tensiones fiscales en el seno del federalismo argentino quedaron al desnudo este miércoles, con la suspensión de una reunión de urgencia que tendría lugar en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que buscaba destrabar uno de los nudos críticos de la reforma laboral: su impacto financiero en las provincias. La convocatoria, que no alcanzó el quórum necesario, fue cancelada en medio de declaraciones cruzadas, advertencias de ajuste y una carrera del gobierno nacional por asegurar los apoyos legislativos.
Adujeron problemas de agenda. No era real, sino excusas.
El encuentro técnico-político buscaba analizar en detalle las implicancias de los cambios propuestos en el Impuesto a las Ganancias, pilar fundamental de la reforma. Los mandatarios provinciales, con especial énfasis de los bloques peronistas, albergan una preocupación concreta: que la modificación de escalas y deducciones reduzca la masa de recursos coparticipables, derivando en una merma directa en los ingresos que mensualmente reciben del gobierno nacional para financiar salud, educación y seguridad.
Esta inquietud no es abstracta. Algunos mandatarios como Gustavo Sáenz de Salta plantearon de manera pública la necesidad de un «mecanismo de compensación» que cubra eventuales pérdidas. La suspensión de la reunión evidencia la falta de claridad y consenso sobre los números finales, un vacío de información que paraliza a los ejecutivos provinciales en su planeamiento presupuestario.
La tensión se vio exacerbada por la intervención pública de la senadora nacional y presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Sus declaraciones, en las que afirmó que «los estados provinciales tienen que ir adelgazando», fueron interpretadas por varios gobernadores como una señal de que, más allá de la reforma laboral, se avecina una pulseada por la reducción del gasto público en las jurisdicciones. Esta postura ahonda la grieta política y le da un tinte ideológico al conflicto técnico por los recursos, polarizando aún más las posiciones.
Frente al bloqueo en el ámbito federal, el gobierno de Javier Milei] redobló su ofensiva directa. El ministro del Interior, Diego Santilli, emprendió una gira por ocho provincias con el claro objetivo de negociar apoyo político para la aprobación del proyecto en el Senado, cuya discusión está prevista para la próxima semana. La estrategia parece bifurcarse: mientras se intenta descomprimir el malestar con gestiones puerta a puerta, se presiona con un calendario legislativo ajustado.
Hasta el momento, el resultado es dispar. Algunos gobernadores, principalmente de espacios aliados, mostraron una apertura condicionada. Otros, en cambio, mantienen reparos firmes, argumentando la imposibilidad de avalar una reforma cuyas consecuencias fiscales para sus administraciones aún no están cuantificadas ni garantizadas.
La suspensión de esta cumbre trascendió el mero impasse logístico. Puso en evidencia al menos tres crisis superpuestas: la crisis de diálogo federal que revela la dificultad para generar consensos básicos en los ámbitos institucionales creados para tal fin, como el CFI, desplazando la negociación a canales bilaterales y más opacos; la crisis de confianza fiscal, donde los gobiernos provinciales desconfían de que la redistribución de la carga tributaria promovida por la nación no termine afectando sus ya tensionadas arcas. La palabra «compensación» es hoy la clave de cualquier posible acuerdo y, finalmente, la crisis política anticipada donde el debate prefigura los alineamientos y conflictos que dominarán la relación Nación-Provincias en los próximos años, con el gasto público y el modelo de federalismo como ejes de disputa.
Aún así, las negociaciones continúan a contrarreloj ya que la reforma laboral se debate en un terreno minado. Su destino en el Senado parece atado no sólo a sus méritos técnicos, sino a la capacidad del gobierno nacional de ofrecer garantías concretas a un federalismo asustado y desconfiado. La reunión suspendida -además de un mero trámite fallido-, fue el síntoma de una fractura que podría definir el éxito o el fracaso de la agenda económica oficial.
