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La Iglesia católica decidió dar un paso más en su posicionamiento frente al ajuste de la administración libertaria. Ya no se trató únicamente de advertencias generales sobre la pobreza o la exclusión, sino de denuncias concretas sobre un área sensible: la atención a personas con discapacidad, un universo en el que el Estado, el sector privado y las organizaciones religiosas conviven en fricción permanente.
En una carta enviada al ministro de Salud, Mario Lugones, la cúpula episcopal habló de una situación “de extrema gravedad”. El diagnóstico fue directo. Los obispos señalaron que el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales generaron déficits que impactaron en alimentación, medicamentos y salarios. Sin eufemismos. Sin medias tintas.
El caso más visible fue el de los cottolengos de la Obra Don Orione, donde la continuidad de la atención de 1200 personas quedó en zona de riesgo. La institución, con 90 años de trayectoria en Argentina, describió un escenario de colapso financiero que expuso la fragilidad estructural del sistema.
“El sistema se rompió”, explicaron a Letra P voceros de la institución asistencial. La cadena de pagos se interrumpió a fines de 2025 y obligó a utilizar recursos propios para sostener prestaciones básicas. En paralelo, los costos escalaron sin freno, mientras los aranceles estatales quedaron desfasados frente a una inflación superior al 30%.
El problema no fue sólo contable. La consecuencia directa fue la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de funcionamiento. Se postergaron obras de mantenimiento, se frenó el ingreso de nuevos residentes y se multiplicaron las deudas. En ese marco, la advertencia fue tajante: el cierre de hogares dejó de ser una hipótesis lejana.
El sistema de financiamiento explicó parte del conflicto. Las instituciones no reciben partidas fijas, sino que cobran por prestación. Facturan a obras sociales, prepagas o al Estado, que define los valores a través del nomenclador nacional. Cuando los pagos se demoran o los aranceles quedan atrasados, el esquema entero entra en crisis.
El trasfondo político de la disputa incluyó decisiones clave del gobierno libertario. El veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad marcó un punto de inflexión. Aunque el Congreso logró aprobarla, el oficialismo resistió su implementación y avanzó en su desarticulación dentro del Presupuesto 2026.
El proyecto presupuestario impulsado por Milei incluyó recortes en el área y la derogación de normativas que garantizaban actualizaciones automáticas de prestaciones. La oposición denunció un intento de vaciamiento; el oficialismo respondió con el argumento del equilibrio fiscal.
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