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El aumento de los valores regulados encarece la estructura de costos de las petroleras y refinerías, lo que reduce el margen para absorber subas y aumenta la probabilidad de que esos mayores costos se trasladen —al menos en parte— al precio final de las naftas y el gasoil en los surtidores.
La decisión fue formalizada a través de las Resoluciones 24/2026 y 25/2026, publicadas el 2 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial, en el marco del régimen regulatorio establecido por la Ley 27.640, que fija las condiciones para la producción y comercialización de biocombustibles en el mercado interno.
Para las operaciones correspondientes al mes de febrero, el precio mínimo del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar se estableció en $1.000,868 por litro, mientras que el bioetanol producido a partir de maíz fue fijado en $917,323 por litro. En tanto, el biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil quedó determinado en $1.842.796 por tonelada.
Además de la actualización de valores, las resoluciones incorporaron definiciones relevantes para la operatoria comercial del sector. En el caso del bioetanol, se dispuso que el plazo de pago no podrá superar los 30 días corridos desde la fecha de emisión de la factura correspondiente, una medida orientada a ordenar la relación entre productores y las empresas obligadas a realizar la mezcla con naftas.
Para el biodiesel, el plazo máximo de pago se fijó en 7 días corridos, una diferencia significativa respecto del bioetanol que impacta directamente en el flujo financiero de las plantas productoras y en la dinámica comercial del sector. Ambas disposiciones entraron en vigencia de manera inmediata con su publicación en el Boletín Oficial.
La actualización de los precios regulados tiene un impacto directo en la agroindustria, particularmente en las cadenas vinculadas a la producción de caña de azúcar, maíz y oleaginosas, insumos clave para la elaboración de los biocombustibles que se destinan al mercado interno.
Al mismo tiempo, las refinerías y empresas obligadas a cumplir con los cortes mínimos deben incorporar estos nuevos valores en su estructura de costos, lo que puede trasladarse al precio final de los combustibles en un contexto de alta sensibilidad inflacionaria. Desde el plano regulatorio, la medida vuelve a poner en evidencia el rol activo de la Secretaría de Energía como árbitro entre la sustentabilidad económica de los productores de biocombustibles y la necesidad de evitar mayores distorsiones en el mercado de combustibles líquidos.
